Se inicia el segundo semestre y como en el anterior, nos desayunamos con noticias e informaciones. Unas de cal y otras de arena. Las de cal, no son realmente de cal, con su efecto aglutinante o blanqueador. Son un blanqueo descarado: nos dan unas cifras “históricas” de recuperación de cotizantes sin decirnos de donde venimos y sin distinguir entre empleo público (el que se mantiene con nuestros impuestos) y empleo privado (el que paga esos impuestos).
En cuando a las “noticias arena”, esas que el Gobierno no quisiera que trascendieran, nos encontramos con la información de las viviendas que disfrutan los miembros más a la izquierda del Gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (transparencia si, pero no por mi casa) ha obligado a la ministra Yolanda Diez a revelar información del casoplón que ocupa de 443 m2. Y es que a los políticos de la izquierda y la extrema izquierda les gusta vivir bien. Ahí tenemos a Enrique Santiago (PCE) o a Mónica García (Más Madrid) agraciados también en el capítulo residencial.
Aquí por el feliz Levante nos encontramos con la siguiente noticia: “Ximo Puig permite que su portavoz en las Cortes Valencianas sea el abogado de una trama corrupta” y el Sr. Puig está convencido que su número dos hará lo que convenga a su ejercicio “y a la defensa de los valores que compartimos”. ¿Susto o muerte?, ¿Qué valores comparten y quienes son los beneficiarios de esa defensa?. Recuerda el film “Uno de los nuestros”.
Y más arriba, allí donde va a beber Compromís, nos encontramos que “La Generalitat se inventa un fondo de 10 millones para pagar las multas del Tribunal de Cuentas”.
https://www.elmundo.es/cataluna/2021/07/06/60e43c69fc6c83e04a8b45ce.html
¡Que bien!, cuando no equivocamos nosotros, pagamos nosotros. Cuando delinquen los políticos pagamos nosotros. Todo muy transparente, decente y democrático. No es de extrañar que a Compromís le guste tanto el modelo.
Y si teníamos dudas de la progresión hacía la dictadura, nos encontramos con la Nueva Ley de Seguridad Nacional que entre otras medidas apunta q que será utilizada por Moncloa para recortar la transparencia (no sabemos si es una iniciativa propia o copia del modelo del Ayuntamiento de Sedaví, tan recriminado por el Sindic de Greuges). Y por supuesto la posibilidad de ser movilizados, personas y empresas y ver requisados nuestros bienes en caso de crisis en España.
Se carga el sistema de pesos y contrapesos, donde nadie controle al déspota que da un paso más para convertirse en el amo de la finca. Volvemos al siglo XVIII. Se cisca hasta en los principios de la Constitución de 1812 que entre otras cosas decía: “La nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna persona o familia. La soberanía reside esencialmente en la nación, y, por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.
¿Alguien cree que si el déspota Sánchez ve peligrar su puesto en La Moncloa no lo considere como una crisis en España?.
¿Vivimos en una democracia sostenible o en una dictadura lanar?